75 años de la explosión del polvorín en Alcalá de Henares

El 6 de septiembre de 1947 fue un día caluroso en Alcalá de Henares, donde todavía resonaban los ecos de las últimas fiestas patronales. No era fácil la vida en la ciudad que vivía aun bajo las consecuencias de los resultados de la Guerra de España y donde solo el ocio era un escapismo ante la autarquía y la miseria.

              Pero hay fechas que se graban de forma indeleble en la mentalidad de una ciudad y ese 6 de septiembre estaba llamado a ello. A las 21:45, cuando los alcalaínos y alcalaínas cenaban en sus casas o disfrutaban de un paseo que les aliviase el calor, los polvorines A y B del cerro del Zulema estallaban por los aires. Aunque en los primeros momentos todo era confusión y muchos recordaron los duros bombardeos sobre la ciudad durante el conflicto bélico, pronto comenzó a tomar cuerpo las sospechas que desde hacía tiempo se tenía. Aquellos polvorines situados enfrente de la fábrica Río Cerámica tenían el peligro de estallar. Un temor que planeo sobre muchos en la ciudad cuando unos días antes, el 19 de agosto, el depósito de minas que estaba en la ciudad de Cádiz había tenido una fatalidad igual. Estaba claro que no era el año de Alcalá de Henares, pues la ciudad había sufrido unas duras inundaciones tan solo unos meses antes.

              Hasta la zona se desplazaron unidades del ejército y sus peritos para poder valorar que es lo que había sucedido en los polvorines siniestrados. La documentación del momento arroja que en los días previos se había destruido material en mal estado depositado allí y que un grupo electrógeno también malfuncionaba. Además, el hecho no era aislado, pues como se ha dicho Cádiz tuvo un accidente similar unos días antes. Desde el final de la Guerra de España se habían dado casos de explosiones de arsenales militares con piezas en mal estado y tras Alcalá también hubo sucesos similares: Peñaranda de Bracamonte en 1939, Pinar de Antequera en 1941 o Tarancón en 1949 solo por poner unos casos.

              Parecía que el accidente era la causa de aquella catástrofe. Sin embargo, la autoridades militares no perdieron la oportunidad de vincular aquel hecho con la resistencia antifranquista, muy organizada en Alcalá. Los intentos por esa vinculación en Cádiz fallaron, pero en Alcalá los resultados fueron desastrosos. La ciudad complutense siempre había tenido un incipiente movimiento obrero que tras la Guerra de España no quedó desarticulado y actuó en la clandestinidad. A la altura de 1947 era el Partido Comunista de España y las Juventudes Socialistas Unificadas quienes dinamizaban esa oposición, estructurados en distintas troikas y en comités de fábrica. Todo un tejido local, comarcal y provincial que denunciaba de forma clandestina a la dictadura y luchaba por el restablecimiento de las libertades democráticas.

              Pero fue un mal momento para aquel movimiento de resistencia. Los ecos europeos de las derrotas del fascismo se apagan y la oportunidad de la República y restablecimiento democrático de opacaba. Además, la policía franquista actuaba sin cuartel contra esas organizaciones. En 1946 todas las estructuras de la CNT de Alcalá habían sido pulverizadas y sus militantes encarcelados. La urdimbre comunista, muy amplia en la zona, sufrió la infiltración de agentes y chivatos de la policía que provocó la caída de todos los comités provinciales. En Alcalá de Henares se acusó a los comunistas de haber saboteado los polvorines y de haber cometido un atentado terrorista.

              Aquellos jóvenes militantes detenidos fueron víctimas de torturas e interrogatorios interminables en los que terminaban por confesar cuestiones que no habían cometido. La causa 142.010,que había sido instruida por el juez Rafael de las Morenas, fue asumida por Enrique Eymar Fernández, máxima autoridad en el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Lo que hizo Eymar fue dividir la causa, quedando encuadrados en la primera los detenidos sobre los que se pedían penas más altas. A lo largo de todos los interrogatorios lo que quedaba claro era que los detenidos nada tenían que ver con las explosiones y sí con la organización clandestina comunista.

              Pero en la justicia al revés del franquismo, que juzgaba por rebelión militar en Consejos de Guerra a quienes habían defendido las libertades democráticas, no cabía la presunción de inocencia. Como sistema dictatorial, en el que el Estado de Derecho brilla por su ausencia, los reos nunca tuvieron el derecho a una defensa digna y sus sentencias estaban tomadas de antemano. El Consejo de Guerra contra la causa 142.010 se celebró en la ciudad de Ocaña el 9 de julio de 1948 con el resultado de ocho sentencias de muerte que fueron aplicadas el 20 de agosto del mismo año: Manuel Villalobos Villamuelas, Eugenio Parra Rubio, Rogelio García del Barrio, Pedro Martínez Magro, Benito Calero Vázquez, Daniel Elola Gómez, Luciano Arroyo Cablanque y Félix López Casares. En la misma causa, otros sufrieron penas que iban desde los 30 años, como la de Conrado Salamanca o Emilio Alonso, hasta penas menores como Bonifacio Piquet o Deogracias de la Torre.

              No fue la única causa, pues al tomar el sumario Eymar y dividirla, surgieron cuatro causas más, de las cuales en la 239/48 que celebró su consejo de guerra el 12 de marzo de 1949, también se pidieron penas de muerte contra Fernando Nacarino Moreno y Ricardo Lidó Expósito que al final se convirtieron en treinta años de reclusión.

              Esta acción de las autoridades desarticuló por completo las estructuras clandestinas antifranquistas y tapó con un manto de silencio las consecuencias de la represión por aquel 6 de septiembre. Tuvieron que pasar décadas para que se desempolvaran las causas de los archivos militares, para que una investigación viese a partir de documentación nacional y extranjera que aquel suceso fue una fatalidad que vincularon de forma arbitraria a las organizaciones comunistas y que tuvo un tráfico final.

              El balance total de víctimas de la explosión de los polvorines de Alcalá fueron 10 víctimas militares, 14 civiles y 8 militantes comunistas fusilados. Un coste demasiado alto para un hecho fortuito y negligente de un régimen que sepultó las libertades españolas durante cuatro décadas.

Julián Vadillo Muñoz

Es historiador, profesor de secundaria de un instituto público madrileño y de la Universidad Carlos III de Madrid.

Coautor del libro La explosión del polvorín en Alcalá de Henares (1947).